Durante su participación en  el Foro Biodiversidad y Derechos Humanos: Retos y Desafíos para los Estados, John Knox, relator especial de las Naciones Unidas para Medio Ambiente y Derechos Humanos, se reunió con representantes de comunidades indígenas de diversas regiones del país que se encuentran actualmente defendiendo su territorio, ecosistemas y tradiciones culturales de la amenaza que representan los denominados megaproyectos.

“Un medio ambiente sano es necesario para el pleno goce de los derechos humanos, por lo que la degradación y la pérdida de diversidad biológica socavan la capacidad de las personas para disfrutar de sus derechos humanos. Las afectaciones al medio ambiente afectan en mayor medida a mujeres, niños, personas en condición de pobreza, personas mayores y a las comunidades indígenas y rurales”, señaló el relator.

“El derecho a un medioambiente sano no significa que los ecosistemas queden intactos por la mano humana, sino que el desarrollo sea sostenible, es decir, que los ecosistemas se mantengan sanos. Para ello, se requiere proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad”.

La biodiversidad incluye no solo a los millones de especies diferentes que hay en la Tierra; también comprende las variaciones y los caracteres genéticos específicos dentro de las especies (como las diferentes variedades de cultivos) y la unión de esas especies en los ecosistemas que caracterizan los paisajes agrícolas y de otro tipo como los bosques, los humedales, los pastizales, los desiertos, los lagos y los ríos.

Representantes de comunidades indígenas y rurales expusieron al relator que el Estado mexicano en sus diferentes niveles, no está generando las condiciones necesarias para garantizar la defensa y goce de sus derechos humanos, sino que, incluso, en muchos casos está siendo omiso e incluso cómplice de las amenazas, represión y criminalización de la que muchos de ellos están siendo víctimas.  

Durante el Foro se escucharon las voces de Leydy Pech, lideresa maya que se encuentra luchando en contra de la siembra ilegal de soya transgénica en la península de Yucatán; Bettina Cruz, lideresa de la comunidad juchiteca de Oaxaca, quien se enfrenta al megaproyecto Eólica del Sur; Mario Luna, representante de la Tribu Yaqui, que lucha en contra de la construcción y operación del Acueducto Independencia en Sonora; Julián López Canere, miembro del Consejo Náyeri que defiende su territorio del proyecto hidroeléctrico Las Cruces en Nayarit; y Rufina Edith Villa, lideresa indígena del pueblo nahua de la sierra norte de Puebla, quien se enfrenta a las concesiones mineras otorgadas en Cuetzálan.

Al inaugurar el Foro, Gustavo Alanís Ortega, director general del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), señaló que el objetivo “es lograr conciliar las inversiones que el país requiere, con el respeto irrestricto a los derechos humanos de las comunidades donde pretenden llevarse a cabo, particularmente los de los pueblos y comunidades indígenas y rurales. Las inversiones en México son necesarias, pero estas deben ser equitativas, incluyentes, culturalmente adecuadas, ambientalmente sustentables y que busquen beneficiar a las poblaciones más necesitadas, garantizando el respeto a sus derechos humanos, que potencialmente pueden ser afectados por obras como es el caso de los megaproyectos”. 

Por su parte, Mario Patrón, director general del Centro de Derechos Humanos, Agustín Pro Juárez, resaltó la importancia de la visita del Relator para potenciar la agenda nacional como defensores del medio ambiente y los derechos humanos, al ser una plataforma de resonancia y visibilidad internacional. Resaltó que “el país está viviendo una grave crisis de derechos humanos y una gran oleada de concesiones asociadas con temas extractivos y megaproyectos, donde el factor común es que las comunidades enfrentan directamente al poder económico sin que haya una mediación por parte del Estado para ponderar la garantía de derechos humanos”.

En su intervención, Leticia Bonifaz, directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señaló que el Máximo Tribunal existe preocupación actualmente “porque muchos asuntos se están judicializando cuando no debería ser la Corte la instancia a la que se recurra, más que última y de excepción, puesto que antes tendría que haber más voluntad política para resolver estos casos. Indicó que las soluciones a los problemas específicos que están enfrentando las comunidades y pueblos rurales e indígenas, no pueden aplicarse desde el Centro ni ser uniformes, sino que debe incorporarse la experiencia viva de las comunidades rurales y deben surgir a partir de lo local”.